1. Prestador y objeto
El servicio es prestado por Jorge García Bustamante, abogado colegiado número 2602 del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos, con los datos identificativos recogidos en el aviso legal.
La contratación online comprende exclusivamente la consulta presencial u online seleccionada durante la reserva. No incluye la redacción de documentos, negociación, actuaciones judiciales o administrativas ni un encargo continuado, salvo que la descripción del servicio lo indique expresamente. Cualquier actuación posterior será objeto de propuesta y aceptación separadas.
2. Reserva, precio y pago
Antes de confirmar la reserva se informará de la modalidad, duración, disponibilidad y precio total de la consulta. El importe mostrado incluirá el IVA aplicable y coincidirá con el cargo efectuado mediante Stripe. La factura detallará la base imponible, impuestos y total.
La cita quedará confirmada una vez completados los datos obligatorios y autorizado el pago. El cliente recibirá confirmación en el correo facilitado. La prestación queda condicionada a que no exista un conflicto de interés u otra causa profesional que impida atender el asunto; en ese caso se informará y se devolverá el importe abonado.
3. Consultas online
Las consultas online se celebrarán normalmente mediante Microsoft Teams. El cliente es responsable de disponer de una conexión y un equipo adecuados y de acceder desde un lugar que permita preservar la confidencialidad.
La grabación o transcripción mediante herramientas de IA es opcional y exige consentimiento específico. Si no se autoriza, la consulta se prestará igualmente y se documentará mediante notas profesionales. Si se autoriza, la grabación se eliminará una vez verificado el resumen y, en todo caso, en un máximo de siete días.
4. Reprogramación, cancelación e inasistencia
La cita puede reprogramarse una sola vez, con un mínimo de 24 horas de antelación, mediante el enlace incluido en el correo de confirmación y según la disponibilidad existente.
Fuera del derecho legal de desistimiento, de un supuesto de fuerza mayor debidamente justificado o de una cancelación imputable al despacho, no se admite la cancelación ordinaria con devolución, pues la franja horaria queda reservada para el cliente. La inasistencia o una solicitud de cambio fuera de plazo supondrá la pérdida de la cita y del importe abonado, sin perjuicio de los derechos imperativos que correspondan a consumidores y usuarios.
Si el despacho debe modificar la cita, se ofrecerá una nueva fecha adecuada o la devolución íntegra del importe.
5. Derecho de desistimiento
Cuando el cliente tenga la condición de consumidor y contrate a distancia, podrá desistir durante los catorce días naturales siguientes a la contratación, sin necesidad de justificar su decisión, salvo las excepciones legalmente aplicables.
Si solicita que la consulta se celebre dentro de ese periodo, deberá pedir expresamente que la prestación comience antes de que finalice. Una vez ejecutada íntegramente la consulta, perderá el derecho de desistimiento si había prestado ese consentimiento y reconocido dicha consecuencia. Si desiste después de iniciado el servicio y antes de su completa ejecución, deberá abonar la parte proporcional efectivamente prestada en los términos legalmente previstos.
Para desistir puede escribir a jorge@garciabustamante.com, indicando su nombre, correo de reserva, fecha de contratación y una declaración inequívoca de que desea desistir. También puede utilizar este texto:
“Por la presente comunico que desisto del contrato relativo a la consulta reservada el [fecha], a nombre de [nombre y apellidos], con el correo [correo]. Fecha y firma, si procede.”
6. Deber de colaboración y confidencialidad
Para que la consulta resulte útil, el cliente debe facilitar información veraz y suficientemente completa. El abogado tratará la información conforme al secreto profesional y a la política de privacidad. El envío de información no garantiza la aceptación de un encargo distinto de la consulta contratada.
7. Normativa y resolución de controversias
Las condiciones se rigen por la legislación española y por las normas profesionales de la abogacía. Las partes procurarán resolver cualquier incidencia de buena fe. Si no fuera posible, serán competentes los juzgados y tribunales que determine la normativa aplicable, respetando en todo caso el fuero imperativo de las personas consumidoras.